Los créditos de carbono surgen como un mecanismo que asigna un valor económico a la reducción o eliminación de emisiones de carbono. Cada crédito de carbono representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) que se ha evitado o removido de la atmósfera. 

Los proyectos que certifiquen y validen las absorciones y reducciones de carbono que generan podrán emitir créditos de carbono verificados (VCU, Verified Carbon Units) para su venta en el mercado voluntario, permitiendo a otras entidades compensar sus emisiones de GEI. Si una entidad utiliza VCU para compensar parte de su huella de carbono, estas unidades serán “retiradas” del mercado, es decir, se sacarán de circulación para que solo puedan utilizarse para tal fin una vez.

Argentina no cuenta actualmente con una regulación formal que respalde las prácticas de verificación y certificación de proyectos de secuestro y reducción de GEI. Esta falta de regulación deja un espacio al desarrollo del mercado de carbono voluntario, que en la actualidad carece de instituciones para validar o certificar reducciones de emisiones. Los estándares internacionales de verificación de carbono, aunque reconocidos, resultan inaccesibles para muchas empresas debido a sus costos elevados y requisitos técnicos, generando una barrera significativa para la participación del país hacia una economía baja en carbono.

La metodología desarrollada por la UNLP en base a los más reconocidos estándares internacionales pretende evaluar y certificar, en una primera etapa, créditos de carbono generados a partir de proyectos de forestación, reforestación y revegetación.